Tallahassee, Florida, EE.UU. — En una nueva redada migratoria liderada por autoridades federales en el estado de Florida, más de 100 trabajadores migrantes fueron detenidos mientras laboraban en una construcción cercana a una universidad local. Muchos de ellos son paisanos mexicanos que habían llegado a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para sus familias.

El operativo se llevó a cabo en el sitio de construcción del proyecto “Perla at the Enclave”, donde los trabajadores se encontraban vertiendo concreto. Sin previo aviso, elementos de ICE, Homeland Security Investigations y otras agencias estatales irrumpieron en el lugar, generando confusión, miedo y desesperación entre los presentes.

Familias en incertidumbre, comunidades en silencio

De acuerdo con medios estadounidenses, varios de los detenidos no han podido comunicarse con sus familias desde el momento del operativo. Madres, esposas e hijos, tanto en Estados Unidos como en México, viven horas de angustia, sin saber dónde se encuentran sus seres queridos ni cuál será su situación legal.

Algunos de los migrantes ya enfrentan cargos por reingreso ilegal, mientras que otros podrían ser deportados sin la posibilidad de presentar una defensa justa. Las organizaciones de apoyo a migrantes han manifestado su preocupación por la falta de información y transparencia durante las detenciones, y han exigido que se garantice el debido proceso.

El trabajo honesto que se castiga

Los detenidos realizaban labores de construcción —uno de los sectores más dependientes de la fuerza laboral migrante en Estados Unidos— en condiciones muchas veces precarias, pero con la firme intención de sacar adelante a sus familias. Muchos de ellos tienen años trabajando sin documentos, contribuyendo de manera silenciosa a la economía local.

“No eran criminales, eran trabajadores. Levantaban estructuras, no conflictos. Lo que necesitan es dignidad, no redadas”, expresó un activista local.

¿Y ahora qué pasará con ellos?

Los migrantes enfrentan un proceso incierto. Algunos podrían ser procesados penalmente por reingresar al país tras una deportación anterior; otros podrían ser enviados de regreso a sus países de origen sin juicio. Por ahora, no existe una lista oficial con nombres ni detalles sobre su estatus migratorio.

Diversas organizaciones de derechos humanos y consulados están tratando de ofrecer apoyo legal, pero el acceso a los detenidos ha sido limitado. Se hace un llamado a las familias que sospechen que algún ser querido fue detenido a comunicarse con su consulado o con organizaciones de asistencia migratoria.