
Mexicali, B.C. — La indignación crece entre la ciudadanía tras conocerse que Ivana, la joven señalada como presunta responsable del aparatoso accidente ocurrido sobre la calzada Justo Sierra, logró evitar la prisión y fue colocada bajo arraigo domiciliario, luego de que sus abogados convencieran al juez de aceptar una serie de medidas alternas.
Este hecho ha generado un fuerte debate en redes sociales y en la opinión pública, donde muchos cuestionan el acceso desigual a la justicia y la facilidad con la que algunos casos, pese a su gravedad, terminan con sanciones mínimas cuando existen recursos económicos de por medio.

¿Qué ocurrió?
El accidente, que conmocionó a Mexicali, dejó a varias personas lesionadas, entre ellas a Celeste, una niña de apenas 6 años, quien permanece en estado grave tras el impacto. Según los primeros reportes, el choque involucró múltiples vehículos y fue causado presuntamente por conducción imprudente.
Pese a la gravedad del hecho, la joven imputada no pisará la cárcel —al menos por ahora—, gracias a un acuerdo que incluye:
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-La entrega voluntaria de su visa
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-Una disculpa pública, la cual ha sido percibida por muchos como un gesto vacío
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-El compromiso de cubrir los gastos médicos de las víctimas
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-Y la disposición de brindar atención privada a la familia de Celeste

La herida que no sana: Celeste y su lucha
Celeste sigue internada en un hospital, luchando por su vida. Aunque ha mostrado una leve mejoría en las últimas horas, su estado aún es considerado delicado. La incertidumbre y el dolor que enfrentan sus familiares contrastan fuertemente con el alivio legal que ha obtenido Ivana.
El caso sigue bajo investigación, pero la percepción general es que la justicia ha sido tibia. El arraigo domiciliario será monitoreado, según informaron las autoridades, aunque muchos ciudadanos cuestionan si estas medidas son realmente proporcionales al daño causado.
¿Justicia selectiva?
La sensación de impunidad no es nueva en casos como este. Mientras muchas personas enfrentan largas condenas por delitos menores, otros, con recursos para pagar costosos abogados, logran negociar condiciones mucho más benévolas, incluso en casos donde hay vidas en riesgo.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué hubiera pasado si la responsable no tuviera acceso a ciertos privilegios legales?. Para muchos, el sistema ha fallado otra vez.
